En la mitología griega la Hidra de Lerna era una peligrosa serpiente acuática y policéfala cuyo aliento venenoso resultaba mortífero. El oráculo de Delfos ordenó a Hércules ponerse a las órdenes del rey Euristeo para que le asignara 12 tareas y, con ello, acceder a la inmortalidad. La segunda de las tareas consistía precisamente en darle muerte a la Hidra, que tenía un gran poder de sobrevivencia, ya que por cada cabeza que le era amputada se le regeneraban dos o más. Hércules salió exitoso de esta empresa.
El tráfico ilícito de bienes culturales no resulta menos gráfico que el mito de la hidra, pues por cada cabeza que se le decapita, se le regenera más de una, con otro agravante: transita por senderos cada vez más sofisticados, que devienen reto para la imaginación y para su combate. A ello han contribuido las nuevas tecnologías, como internet, a la que ahora recurren los traficantes de arte para facilitar sus operaciones.
“PanamaPapers”
En 1997 el mercado de arte dio un giro inesperado al convertir los bienes culturales en mercancías, como lo reveló hace unos días el periódico británico The Guardian con base en el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en torno a los PanamaPapers. A raíz de estas indagaciones periodísticas quedó al descubierto el trasfondo de la subasta de la colección de arte de Víctor y Rally Ganz, una de las más importantes del mundo y que fue organizada ese año por la galería londinense Christie’s.
Las cifras que se sucedieron en la subasta superaron cualquier imaginación. El martillo no dejaba de marcar… ¡90 millones de dólares!, ¡20 millones de dólares!… Para ponerlo en perspectiva, una de las obras rematadas entonces, la “versión O” de las 15 pinturas de la serie Les Femmes d’Alger (Las mujeres de Argel), de Pablo Picasso, alcanzó un valor insólito: 179 millones de dólares, que fueron pagados por un adquirente anónimo.
Gracias a las revelaciones surgidas de los PanamaPapers pueden identificarse las complejas negociaciones que revolucionaron el mercado internacional del arte: el acervo de Víctor y Rally Ganz había sido previamente adquirido por el especulador de divisas Joe Lewis a través de una sociedad formada por el bufete Mossack Fonseca. Como marca de comercialización para la subasta se empleó exclusivamente la “colección Ganz”.
Los documentos muestran igualmente cómo la propia Christie’s tenía enormes intereses financieros en esas transacciones, lo que sugiere la existencia de un conflicto de intereses.
Los PanamaPapers hicieron visible el nombre del magnate ruso Dmitri Yevguénievich Rybolóvlev, catalogado por la revista Forbes como uno de los hombres más acaudalados del mundo. A Rybolóvlev se le menciona como partícipe de una transacción muy compleja para la adquisición de otra de las pinturas de la serie Les Femmes d’Alger.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung, principal difusor de los PanamaPapers, puso también en evidencia cómo el mismo bufete Mossack Fonseca contribuyó a la defensa de una galería neoyorquina propiedad de los renombrados mercaderes de arte David y Ezra Nahmad. Esta casa de arte habría comprado en condiciones lóbregas El hombre sentado con un bastón, pintura de Amadeo Modigliani, y luego la depositó en la zona franca del cantón de Ginebra.
La historia es compleja
Ante la llegada de los nazis a París, el galerista judío francés Oscar Stettiner huyó precipitadamente y dejó en su galería valiosas piezas, entre ellas la de Modigliani. Los nazis aprovecharon la situación y saquearon el establecimiento, tras lo cual la pieza ingresó al mercado negro.
En 2008 el cuadro volvió a salir a la luz pública en una subasta de Sotheby’s en Nueva York, que lo recibió a consignación de la galería Nahmad, ahora bajo la responsabilidad del frívolo junior David Nahmad.
El heredero de Stettiner, Philippe Maestracci, demandó a Sotheby’s y a la casa de arte neoyorquina la restitución de la pintura. La galería se excepcionó y alegó en su defensa que jamás había adquirido en propiedad esta obra, ya que le pertenecía a la sociedad panameña International Art Center, S. A., constituida desde luego por el bufete Mossack Fonseca. Los PanamaPapers revelan ahora que la sociedad fue constituida por el propio David Nahmad y que la pintura en controversia fue enviada para su resguardo al cantón de Ginebra.
A estos turbios eventos se suman otros que involucran cuadros de alto valor, desde artistas como Claude Monet hasta Damián Hirst. Las crónicas de los PanamaPapers delatan la manipulación y graves conflictos de intereses en las transacciones del comercio internacional del arte.
La UNESCO
El 30 de marzo de este año se rindió en la UNESCO uno de los informes más detallados acerca del estado actual del mercado del arte (Françoise Benhamou); se refiere que éste se encuentra polarizado porque 10 artistas concentran 59.9% de las transacciones a nivel internacional. Si bien es muy competido, paradójicamente se concentra en cinco ciudades: Nueva York, Londres, París, Pekín y Hong-Kong. El liderazgo de Estados Unidos es contundente: este país acapara 43% del total del mercado (Informe anual Tefaf 2016, Clare McAndrew).
Es también un mercado segmentado porque abarca expresiones como pintura y arte antiguo. Su distintivo de alta especulación proviene fundamentalmente del arte contemporáneo, y es muy volátil, ya que es perceptivo a los aleas coyunturales.
En lo que respecta al mercado de arte precolombino, el informe pone énfasis en el establecimiento de los puertos francos –una suerte de refugios de exenciones fiscales– y en el incremento de la oferta de bienes arqueológicos. Se estima que solamente el puerto del cantón de Ginebra alberga piezas que ascienden a más de 82 mil millones de euros. Las pinturas y bienes culturales de toda naturaleza que se encuentran depositadas en esa zona franca sobrepasan el millón.
Hasta la década de los noventa los puertos francos habían sido de gran utilidad para las galerías de arte por varias razones: la facilidad para manipular y administrar estas mercaderías, y las exenciones fiscales, especialmente del impuesto al valor agregado.
A finales de esa década, sin embargo, el esquema anterior se modificó y rápidamente adquirió una nueva función de gestoría de fortunas y de optimización fiscal. De esta manera se asegura el depósito a largo plazo en condiciones óptimas de seguridad, conservación y discreción. La identidad de los propietarios y el valor de los bienes culturales resguardados son de estricta confidencialidad. Ni el vendedor ni el comprador están obligados a declarar su nombre ni su domicilio.
En el cantón de Ginebra no existe tampoco la obligación de presentar inventarios para efectos aduanales. Y no solamente ello: provee de servicios básicos de mantenimiento de bienes culturales, como restauración, autentificación, evaluación y transporte especializado. La zona franca tiene incluso una sala de exposición. Lo más grave es que se ha convertido en el cobijo de acervos culturales controlados por grupos mafiosos, como fue el caso de la organización criminal Medici, entre otros.
Además del cantón de Ginebra están los mercados de arte de Luxemburgo, Singapur, Shanghái y Hong-Kong. El gobierno chino anunció que abrirá uno en Pekín el año entrante.
Las consecuencias de esta profunda metamorfosis deben ser en lo sucesivo ponderadas. Si bien los puertos francos no han desplazado a los centros de arte más importantes, congregan ahora a expertos del ramo y han desarrollado servicios periféricos de la mayor relevancia. Revelan asimismo un crecimiento exponencial del tráfico de bienes culturales y una reconversión del mercado, que mutó de uno pasional a uno esencialmente venal.
Por lo anterior, esos bienes se han convertido en activos financieros importantes y forman parte de fondos de inversión que diversifican los portafolios, en tanto que las transacciones se realizan al margen del desplazamiento de los bienes culturales.
La competencia entre los puertos francos es enorme. Hong-Kong ofrece toda clase de ventajas fiscales, como la exención del impuesto al valor agregado y de los derechos aduanales por la importación o exportación. Otras ventajas son la proximidad con los centros de arte importantes de China continental e incluso la sustracción de mandamientos de embargo.
Las estadísticas muestran un claro incremento del mercado de bienes arqueológicos, impulsado por las llamadas antigüedades de sangre (antiquités du sang) que provienen de Oriente Medio. Esa fuerte tendencia se estima aproximadamente en 35% durante los últimos años y ha sido impulsada de manera importante por las ventas en internet. Ante ello, los controles del tráfico ilícito y su combate deben readaptarse a estas nuevas realidades.
La función del Consejo de Seguridad
En una resolución insólita (la número 2199 del 12 febrero de 2015), el Consejo de Seguridad de la ONU acordó extender la protección de los sitios culturales, fortalecerla e impedir el tráfico ilícito, sobre todo de los bienes provenientes de la región de conflicto en Oriente Medio. Uno de los objetivos es privar de esta fuente de financiamiento a la organización Estado Islámico (EI), al Frente Al-Nusra y a otros grupos asociados con Al-Qaeda.
Se debe tener presente en el espíritu que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes para toda la comunidad internacional.
La resolución fue refrendada por otra (69/281) en la Asamblea General de la ONU el 28 de mayo de 2015. También en forma inusitada este órgano declaró que la devastación del patrimonio cultural, representativo de la diversidad de la cultura humana, destruye asimismo la memoria colectiva de las naciones, desestabiliza a las comunidades y amenaza su identidad cultural.
La asamblea hizo énfasis en la importancia de la diversidad cultural y el pluralismo, así como en la libertad de religión y de creencias, como presupuestos para alcanzar la paz, la estabilidad, la reconciliación y la cohesión social. Los atentados contra el patrimonio cultural de un país, puntualizó, deben considerarse ataques contra el patrimonio común de la humanidad en su conjunto.
Previamente el Consejo de Seguridad instaló un comité que fue habilitado con equipos de apoyo analítico y de vigilancia para la aplicación de medidas contra el terrorismo.
Ese comité, de importancia capital, elaboró un informe –próximo a ser discutido por el Consejo de Seguridad–, el cual se basó no solamente en el equipo analítico, sino en un diagnóstico del mercado de arte. Su conclusión es muy clara: en los sistemas de control y cumplimiento de este mercado la aplicación de medidas asociadas con regímenes alambicados de sanciones es simplemente inexistente.
Por ello representa un gran reto obligar a los actores en el mercado a que establezcan controles más enérgicos y selectivos para evitar la introducción sistemática de antigüedades y monedas procedentes de saqueos. La adopción de medidas estructurales se anticipa de una gran complejidad. Para sólo mencionar la dimensión del tráfico ilícito, se estima que únicamente en la región de conflicto, sujeta ahora a un monitoreo muy riguroso, el EI ha recibido alrededor de 360 millones de dólares anuales por facilitar el derecho de pillaje.
Conforme a la mejor información disponible el EI no organiza el tráfico ilícito, sino que lo administra; creó incluso su departamento de antigüedades (Diwan al Rikaz en árabe), autoridad que emite, previo pago, las autorizaciones para las excavaciones y el consecuente saqueo; además ha comercializado directamente con los traficantes los bienes expoliados de museos, como es el ar-Raqqah.
Si bien las recomendaciones del Consejo de Seguridad se enfocan principalmente a la región de conflicto en Oriente Medio, éstas exceden por mucho ese ámbito y van a cambiar en forma sustantiva la conformación del mercado del arte.
Uno de los puntos neurálgicos en el análisis es cómo puede reducirse el margen de utilidad de los traficantes de bienes culturales. Entre las propuestas planteadas está la de reclasificar el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), ya que su catálogo reconoce solamente dos categorías: la relativa a las piezas de interés arqueológico y numismático que se encuentran en poder de coleccionistas y la que incluye piezas de más de 100 años de antigüedad.
Este catálogo resulta muy esquemático y no responde a la heterogeneidad de las culturas. Así, se estima que la reclasificación alentaría a los Estados miembros de la WCO a modificar sus nomenclaturas nacionales de manera más armónica, lo que obviamente evitaría distorsiones en los mercados domésticos y permitiría a los sistemas aduanales identificar con mayor facilidad los bienes culturales de entre los bienes importados.
Más aún, con esta reclasificación las aduanas podrían retener los bienes culturales que se trataran de introducir bajo el soporte de una declaración jurada del importador con el simple argumento de que ésta se refiriese a una clasificación errónea. La consecuencia natural de ello sería el desplazamiento del sistema actual, donde se exhiben como elementos de convicción concluyentes documentos anteriores a la fecha en que las antigüedades fueron robadas o expoliadas. El análisis de esta documentación es muy complejo y propicia toda clase de prácticas nocivas.
Retener las antigüedades con base en estas declaraciones juradas cuestionables abriría un compás de tiempo, necesario para profundizar en investigaciones, de suyo complicadas, sobre el origen e historial de la propiedad de los bienes culturales. Esto, sostiene el comité, acrecentaría el riesgo administrativo al que se enfrentan los traficantes de antigüedades, sin que con ello se incrementasen los costos para los actores en el mercado legítimo. El control aduanal posee el enorme conveniente de tener efectos generales y evita litigios onerosos en las jurisdicciones domésticas.
El comité no soslaya que las aduanas carecen de vistas especializados y debidamente capacitados, incluso en países desarrollados, para detectar obras de arte y antigüedades robadas o expoliadas, y emprender investigaciones conexas.
Por ello otra de las medidas sugeridas por el comité es concentrar la importación en puertos de entrada ad hoc para antigüedades y facilitar así su decomiso. Esta medida no añadiría nuevos costos de transporte para los actores en el mercado y sí aumentaría los riesgos para los traficantes de antigüedades ilícitas.
Uno de los problemas a los que deberán abocarse los agentes aduanales es el que atañe a bienes provenientes de unidades culturales, como la maya, en donde se encuentran yuxtapuestos diferentes regímenes de legalidad, además de que el esclarecimiento de su origen requiere de conocimientos altamente especializados y con frecuencia resulta imposible ese dictamen incluso para los especialistas.
El comité ha explorado asimismo la posibilidad de configurar una base de datos, que resultaría fundamental, ya que facilitaría la labor de los agentes aduanales. Aun así, como el comité mismo lo reconoce, esa base de datos no bastaría por sí sola, pues no comprendería las antigüedades no registradas y recién excavadas y expoliadas. Peor aún, los traficantes alegarían en su favor que la ausencia de ciertos bienes culturales en la lista resultaría razón suficiente para acreditar la legitimidad de los bienes culturales expoliados.
De ahí que resulte trascendente fortalecer de manera paralela la confección de esa lista de datos mediante la elaboración de reglas de cumplimiento obligatorio en el mercado del arte. Uno de los aspectos de mayor controversia es la determinación de la procedencia, lo que constituye un elemento sustantivo en la redacción de cualquier regla para el mercado del arte. Hasta la fecha el término procedencia se ha definido vagamente como una prueba de la propiedad. En la actualidad no existe una regla que sea internacionalmente aceptada sobre la noción de procedencia.
Esta ausencia de consenso internacional sobre las normas mínimas para establecer la procedencia obedece a que se ha comerciado con antigüedades durante centenares de años. En el mercado proliferan las obras legales que disponen de escasa documentación para acreditar su procedencia; a lo sumo se ven acompañadas de uno o más documentos que intentan acreditar quién o quiénes eran los propietarios anteriores.
A diferencia de otros mercados, el tráfico de bienes culturales, especialmente el de antigüedades, carece de sistemas de estricta observancia, incluidas las reglas que obligan a un conocimiento del cliente, sin soslayar desde luego la verificación de la procedencia. Aun así el diseño de las reglas relativas al conocimiento del cliente podrían constituirse en verdaderos obstáculos para los traficantes.
Las anteriores sugerencias del comité tienen un claro objetivo: generar factores de riesgo adicionales para los contrabandistas.
Otro punto relevante es que en la actualidad se carece de un mecanismo que obligue a los actores del mercado de arte a compartir con otros información en cuanto identifiquen a vendedores o a los mismos bienes culturales de procedencia dudosa.
Finalmente el comité no soslayó el desarrollo exponencial de los puertos o zonas francas que son empleados por comerciantes de bienes culturales de arte para realizar actividades ilícitas. Por ello dispone que en esas zonas se introduzca la obligación de mantener listas de inventarios en las que se describan en particular los bienes almacenados, a fin de que los organismos aduanales estén en mejor posición de identificar los bienes culturales obtenidos de manera ilícita.
La propuesta va encaminada también a reducir los plazos de almacenamiento de bienes culturales con el propósito de mitigar la distorsión de la función primordial de las zonas francas.
Epílogo
Con esas propuestas, el Consejo de Seguridad de la ONU deberá tomar decisiones importantes en el primer semestre de este año, que cambiarán el paisaje en el tráfico ilícito de bienes culturales. Por primera ocasión en la historia, y por razones muy claras, como es el combate al terrorismo, la protección del patrimonio cultural parece avizorar nuevos horizontes.
No obstante, lo trascendente de estas propuestas y de los debates relativos a la protección del patrimonio cultural, los mandarines culturales mexicanos han permanecido en la total opacidad. Debe tenerse presente empero que, por lo que respecta a la administración del patrimonio cultural, a ellos les corresponde una responsabilidad de prevención. Y en materia de protección les asiste sobre todo una responsabilidad de reacción. Cualquier debate sobre la protección del patrimonio cultural que no pondere el estado del mercado internacional del arte, resulta estéril.
Por Jorge Sánchez Cordero (Dr. en derecho por la Univ. Panthéon Assas)
Con información de Proceso
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