El Tratado Hispano – Turco de 1782

El tratado hispano-turco de 1782, inicialmente publicado por A. del Castillo, en su capítulo 4º establece y garantiza tolerancia religiosa, seguridad personal y jurisdicción de los respectivos cónsules a los súbditos españoles y otomanos residentes en el otro país. En lo que a los españoles se refiere tales garantías se hicieron extensibles a los peregrinos a Tierra Santa, los cuales podrían beneficiarse de igual trato y concesiones que “los demás [viajeros] de las potencias amigas”.

La aplicación del tratado fue lenta, entre otros motivos porque los intereses mercantiles de España en el área, al menos en el punto de partida, resultaban ser escasos por no decir nulos. De otro lado el tráfico marítimo no resultó seguro hasta la normalización plena de relaciones con los estados magrebíes, que no fue completa, según ha quedado referido, hasta entrada la década de 1790, aparte de que la apertura y consolidación de mercados también llevaría su tiempo.

Se comprende que Bouligny tardase en diseñar una red consular capaz de garantizar la seguridad de personas e intereses en ese inmenso país comprendido entre los Balcanes, los confines de Persia y el Océano Índico de un lado, y que por el otro cubría todo el arco mediterráneo desde Albania a las fronteras orientales de Marruecos, dejando dentro la entonces muy dilatada Turquía europea, Grecia, Anatolia, Siria, Mesopotamia, Líbano, Palestina, Arabia, Egipto, Libia actual, Tunicia y Argelia. El diseño de referencia no quedaría ultimado hasta 1790.

Aparte de la legación en Constantinopla, fue previsto un consulado general en Esmirna y consulados ordinarios en Salónica, Alepo y un puerto de Chipre a determinar, principales escalas de la navegación en el área. Esa red consular sería servida por diplomáticos profesionales, y se preveía reforzarla con tres viceconsulados (Atenas, Artha y Alejandría), atendidos por agentes locales interesados en ello. El proyecto sólo pudo aplicarse en parte, y por el propio Bouligny, designado ministro plenipotenciario de España en el Imperio Otomano, cargo que desempeñó hasta su marcha en 1793.


Para entonces, a falta de cónsules, cuyos nombramientos no parecían justificados en Madrid, habida cuenta el elevado coste de su mantenimiento y los escasos intereses a proteger en sus respectivos distritos, Bouligny había provisto por propia decisión viceconsulados servidos por agentes del país en los puntos mencionados, aparte de Scuttari, Dardanelos, islas Scíes y Filípolis, nombramientos que sí ratificó la Secretaría de Estado en atención al bajo coste del sostenimiento de esas oficinas.

Como puede verse, en principio no fue previsto establecimiento consular alguno en Palestina, dado que la inseguridad de los tiempos hacía técnicamente casi imposible la llegada a los lugares santos del cristianismo de peregrinos españoles por tierra, y por mar no dejaba de ser empeño muy arriesgado. Pero los franciscanos españoles en Tierra Santa no podían quedar sin protección, tanto más por cuanto Bouligny, muy vinculado a ese instituto religioso, detentaba además la representación de la Obra Pía de los Santos Lugares ante el sultán otomano. Por ello, y aduciendo además la necesidad de ofrecer alguna cobertura consular al corto comercio existente en esa región con España, abrió sendos viceconsulados en San Juan de Acre y Haifa. Para este último puerto, que lo era de entrada a Palestina, designó vicecónsul de España al franciscano Gabriel de Lamadrid, procurador de la Obra Pía en Tierra Santa, lo que indica cuales eran, finalmente, los intereses prioritarios a defender e impulsar en la región.

Ambos viceconsulados fueron mantenidos por el hijo de Bouligny, José Heliodoro, encargado de negocios en Constantinopla entre 1793 y 1799, y luego por varios de sus sucesores, si bien rebajados de viceconsulados a simples agencias servidas por vicecónsules honorarios de escasa o nula retribución, y con frecuencia religiosos franciscanos con destino en alguno de los conventos de Palestina. Estos, a sus obligaciones ordinarias, sumaban la atención de los contados buques españoles que se acercaban de tarde en tarde a aquellos apartados puertos, o a los escasos peregrinos de igual nacionalidad que se aventuraban hasta allí.


Como puede verse negocios y religión se hallaban en Palestina estrechamente conectados, lo que por lo demás hasta cierto punto resulta lógico. Pero al final, por extraño azar del destino, los intereses espirituales fueron los que prevalecieron, dado que el comercio con el Imperio Turco nunca alcanzó verdadera relevancia por más que se esforzaran en incentivarlo gente tan experimentada como el menorquín Juan Soler, destacado como encargado de negocios en Constantinopla con esa finalidad expresa, y perteneciente a una conocida dinastía de intérpretes y hombres de negocios (los Soler, Camps Soler, Creux Soler…) resellados como diplomáticos, especializados en los asuntos del Mediterráneo islámico, y que entre 1790 y 1830 acapararon como titulares y subalternos no pocos de los destinos disponibles en la legación y consulados de España en Turquía y sus dependencias.

Con información de Revista AWRAQ

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