Beduinos palestinos al borde del abismo
Las comunidades de beduinos palestinos en Jerusalén Este representan uno de los colectivos más vulnerables, sometidos a demoliciones de viviendas y al desplazamiento forzoso por parte de las autoridades israelíes. Dos poblados -Jabal al Baba y Abu Numar-, donde el derribo de estructuras y las órdenes de demolición están a la orden del día, están en el punto de mira del Ejecutivo israelí, según denuncian funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
En el centro de la polémica se encuentra el proyecto conocido como «E-1», que abarca la construcción de infraestructuras, incluidas de agua, alcantarillado, carreteras y comisarías de policía en un corredor aledaño al asentamiento de Maalé Adumim. El plan maestro aprobado por Israel en los años noventa, que aún no ha sido completado en su totalidad, comprende la confiscación de 12,5 kilómetros cuadrados de parcelas de las poblaciones palestinas de A-tur, Isawiya y Elazaría, en territorio ocupado en 1967.
La colonia judía fundada en los años 70 y considerada uno de los grandes bloques que Israel aspira a retener en un eventual acuerdo con los palestinos es hoy hogar de unos 44.000 israelíes. «El proyecto pretende crear una zona del tamaño de Tel Aviv que romperá la contigüidad territorial palestina», dice Fuad al Hallak, asesor político del Departamento de Negociaciones de la OLP.
Lo afirma junto a un precipicio desde el que se divisa a un lado el gran asentamiento israelí, al otro, la población palestina de Elazaría (la bíblica Betania) y, en frente, el polémico corredor. Es Jabal al Baba, establecida por beduinos que abandonaron sus comunidades en el Neguev cuando se fundó Israel y emigraron al lugar en varias oleadas. Hoy la integran 56 familias, más de 300 personas cuyos principales ingresos proceden de la ganadería.
En los últimos seis años, Israel ha confiscado porciones de terrenos que empleaban para el pastoreo para facilitar la expansión del asentamiento y sus infraestructuras. El pasado 21 de enero Israel derribó aquí cuatro viviendas y dos infraestructuras, lo que dejó a 16 vecinos sin hogar, de los que seis son menores, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
«Vinieron de madrugada, no nos dieron tiempo a recoger nuestras cosas y a las seis de la mañana ya habían terminado y se marcharon dejando a nuestros niños llorando», explica Atallah Mazaraa, representante comunitario. Aunque no existen datos precisos, las autoridades palestinas calculan que en Jerusalén viven alrededor de 2.000 beduinos y sus poblados se cuentan entre las 46 comunidades diseminadas en el territorio ocupado de Cisjordania.
Uno de ellos es Abu Nuwar, el mayor en Jerusalén Este y objeto permanente de intentos de transferencia forzosa de su población -unas 113 familias, más de 650 personas- a otras áreas urbanas palestinas como Abu Dis. Junto a las endebles estructuras de madera, latón y jirones de tela y plástico que conforman el paisaje, flanquea desde lo alto de un risco una base militar israelí con su torreta de observación y, del otro lado, Maalé Adumim.
Según la OCHA, recientemente excavadoras israelíes allanaron cinco casas y estructuras básicas, diez tiendas donadas por la Media Luna Roja Palestina y tres estructuras residenciales financiadas por la UE, desplazando a 26 personas, incluidos 18 menores. Tocado con un pañolón tradicional y chilaba beduina, Abu Amad Ibsisat, un dirigente local, revela que las autoridades israelíes han ofrecido a los lugareños todo tipo de alternativas para que abandonen la zona, incluidos cheques en blanco.
«Pero nos hemos negado una y otra vez», refiere con el único alivio de mostrar resistencia en su caso, que como el de tantos otros compatriotas, se dirimirá en un tribunal. El principal argumento legal que defiende Israel es que los poblados y sus estructuras fueron levantados en tierras que considera «estatales», contra lo que los beduinos deben probar que son terrenos privados.
Pero en ambas localidades la disputa es sobre territorio ocupado, donde la transferencia forzosa de población es un crimen de guerra según el derecho internacional. Israel se comprometió en 2005 a suspender el plan «E-1», pero los palestinos creen que las demoliciones y las políticas intimidatorias a los beduinos ponen de manifiesto que el plan de expansión colonial israelí está teniendo lugar.
«La comunidad internacional advierte de que si sucede será el fin de los dos estados. Pero, señor Obama, señoras Merkel y Mogherini, el ‘E-1’ está ocurriendo», denuncia el embajador Husam Zomlot, adscrito a la Presidencia palestina.
Por Daniela Brik
Con información de:Público
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