El 3G de Palestina debe ser para los palestinos
Israel controla las fronteras, el espacio aéreo o marítimo de los territorios palestinos, pero también su espectro radioeléctrico -la gama de frecuencias destinada a proporcionar servicios de televisión, radiodifusión o telecomunicaciones. En este conjunto de ondas silenciosas e invisibles tiene lugar otra guerra: la del control por las licencias de distribución de tecnología 3G.
Según lo recogido en los Acuerdos de Oslo -el primero de ellos conocido como la Declaración de Principios, firmada entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en septiembre de 1993- israelíes y palestinos tenían que compartir el espectro radioeléctrico en Jerusalén Este y Cisjordania. Para ello se creó una Comisión Técnica Conjunta (JTC, en sus siglas en inglés) que debía escuchar las necesidades de cada parte e intentar resolverlas en un periodo razonable de tiempo.
Con los años se fue comprobado la escasa funcionalidad de este foro, que aún habiendo dictado varias resoluciones a favor del desarrollo de la tecnología 3G en Palestina, nunca logró avances significativos en su implementación. Igualmente, en el seno de la comisión pronto comenzaron las acusaciones entre ambas partes. Israel culpó a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de socavar el trabajo de la junta al registrar unilateralmente las frecuencias en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Por su parte, los palestinos argumentaron que habían procedido así porque los israelíes boicoteaban todos sus intentos por conseguir licencias de tecnología 3G aludiendo «razones de seguridad nacional».
En este contexto, la ANP autorizó a varios operadores de telecomunicaciones locales (Jawal y Wataniya) la explotación de las frecuencias 3G, pero para que éstos pudieran desarrollarlas necesitaban de la autorización de Israel, quien debía permitir el acceso a las frecuencias así como la importación de la tecnología necesaria. No teniendo los territorios palestinos aún fronteras definidas, es Israel quien hasta hoy controla todas sus importaciones y exportaciones, además de recaudar (en lugar de hacerlo la ANP) los impuestos de aduana cuyo destino final son los territorios -recaudación que a menudo es utilizada como arma política por parte del Gobierno israelí cuando hay desavenencias con el Ejecutivo de Mahmud Abbas.
Hasta el momento Tel Aviv ha rechazado todas y cada una de las solicitudes realizadas por funcionarios y empresas de telecomunicaciones palestinas para la explotación del 3G. Incluso en junio de 2012, tal y como citan medios locales palestinos, miembros de la delegación israelí presente en la comisión técnica creada tras los Acuerdos de Oslo, dijeron a sus contrapartes palestinas que Israel no liberaría más frecuencias para su desarrollo en los territorios, por lo que si las operadoras allí residentes querían ofrecer este servicio junto al de telefonía, tendrían que subarrendárselo a las distribuidoras autorizadas por Israel. Obviamente, esto incrementaba el coste de la línea para el usuario final en ciudades como Ramala.
En la actualidad los asesores de la ANP se plantean nuevas estrategias para lograr la explotación autónoma de su espectro radioeléctrico, amparados por el nuevo estatus de Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas -según le otorgaron esos 138 votos a su favor (otros 9 fueron en contra y hubo 41 abstenciones) durante la votación en la Asamblea el pasado mes de noviembre. Esa mejora de condiciones podría en el futuro favorecer la adjudicación de licencias, no sólo en Palestina sino a escala internacional en cuento que sus operadoras tendrían acceso a frecuencias también en el extranjero.
Con este lema plasmado en decenas de posters colgados en puntos neurálgicos de la ciudad de Ramala, varios grupos de jóvenes palestinos intentaron en marzo pasado llamar la atención del presidente estadounidense, Barack Obama, durante su visita en la región. Aunque esta original iniciativa enojó a otros tantos ciudadanos que culpaban a los responsables de la campaña de banalizar la causa palestina, -por cuanto que distraía de otras cuestiones fundamentales como por ejemplo la situación de los presos en cárceles israelíes- lo cierto es que logró captar el interés de los medios internacionales sobre lo que para algunos funcionarios de la ANP es otra forma de ocupación, la del espacio electromagnético.
Muchos jóvenes palestinos, aficionados como los de cualquier otro país al uso de las redes sociales tales como Twitter o Facebook, pueden llegar a gastar casi la totalidad del sueldo de un mes en comprar un iPhone, una Blackberry o un smartphone. Dispositivos con múltiples funciones pero inservibles para el que es uno de sus usos estrella: la conexión a Internet a través del 3G. Por ello muchos terminan vendiéndolos o no dándoles uso fuera de la conexión inalámbrica (WIFI) disponible en sus hogares, lugares de trabajo o en los múltiples cafés Internet distribuidos por las principales ciudades de Cisjordania.
Por otro lado, la única opción para quienes desean sacarle el máximo rendimiento a sus flamantes teléfonos inteligentes es costear la contratación de dos líneas, una para telefonía móvil con una operadora palestina y la otra con una israelí -que sí ofrece tecnología 3G para dar servicio a los 500.000 colonos que viven en Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada-, incluso en Gaza es posible recoger la señal 3G de operadoras israelíes como Cellcom a través de las decenas de antenas distribuidas por los abundantes kibbuts y pequeñas poblaciones que hacen frontera con la Franja.
Una alternativa que resulta cara y engorrosa para muchos palestinos; para otros la única opción posible, pero que le supone al Gobierno de la ANP, según sus propias estimaciones, unas pérdidas anuales de más de 100 millones de euros que terminan ingresando los proveedores israelíes.
Por Ana Garralda
Con información de : Global
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