Estadounidenses e israelíes manipularon desde un inicio la investigación de un cruento atentado en Argentina en 1998. Por casi 2 décadas buscaron acusar a Irán, pero ni una sola prueba pudieron ofrecer. El último fiscal del caso reportaba secretamente a la inteligencia estadounidense los avances en la investigación y le consultaba el rumbo que tomarían las pesquisas. Con la muerte de este funcionario argentino, ahora Estados Unidos busca hacer una jugada de tres bandas: además de implicar al siempre incómodo Irán, ahora ha orquestado un “golpe blando” contra la presidenta Cristina Fernández. De prosperar esa maniobra, seguiría Venezuela, para debilitar el bloque de países suramericanos que han puesto dique a las ambiciones de Estados Unidos en la región.

El pasado 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad Especial que investigaba la causa sobre el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de junio de 1994, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y con todas las puertas de su casa cerradas por dentro. Cuatro días antes había presentado una denuncia, sin prueba alguna, mal redactada y con serias contradicciones, en la que acusaba a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otras personas, de intentar encubrir a funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– de ser culpables del atentado. En días se había puesto en marcha un golpe encubierto de origen externo.

El fiscal había sido colocado al frente de la investigación en 2004, después de 10 largos años, cuando se cerró el más escandaloso e irregular juicio de la historia sin lograr encontrar a los culpables del atentado que dejó 85 muertos y centenares de heridos. Este hecho aparece como un eslabón más de un golpe en desarrollo, en el que participan un sector del aparato judicial argentino, la oposición, los medios masivos de comunicación junto a la CIA (Agencia Central de Inteligencia, siglas en inglés) y el Mossad, de Estados Unidos e Israel, respectivamente.

Para entender esto hay que entender de qué se trata el caso AMIA y conocer las graves irregularidades cometidas con la entrega en la década de 1990 de la investigación a los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, que operaron conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina.

Investigación bajo control externo

El cruento atentado conmovió al país; el juez que quedó a cargo de la investigación en julio de ese año fue Juan José Galeano, quien comenzó su actuación bajo una presión muy evidente.

En sólo 24 horas, la inteligencia israelí –que envió sus hombres a colaborar desde las primeras horas del hecho– y la CIA acusaron a la República Islámica de Irán y al Hezbolá de Líbano, sin pruebas.

Sin haber iniciado la investigación, ofrecieron un testigo importante al juez argentino Galeano, quien viajó a Venezuela para entrevistarlo.

El hombre se llamaba Manouchehr Moatamer y se presentó como un ex funcionario iraní, que había huido de su país y que acusaba al gobierno de Irán de ser responsable del atentado, sin ninguna prueba. Sus declaraciones erráticas se derrumbaron en poco tiempo. Es decir, la CIA y el Mossad habían vendido a la justicia argentina un testigo falso.

Moatamer se había ido de Irán con su familia en 1993. Falta saber cómo llegó a Venezuela en 1994, y cómo terminó al final en Los Angeles, Estados Unidos, como «testigo protegido de la CIA».

La causa de Galeano siguió navegando en un mar de irregularidades. Pero aún en 1997, el juez fue nuevamente a ver a Moatamer, en Estados Unidos, quien nada agregó a su testimonio anterior. En 2008, Moatamer finalmente confesó que había mentido para obtener la visa estadounidense.

En 1998, nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro supuesto testigo, en este caso radicado en Alemania, Abolghasem Mesbahi, llamado el “testigo C”. Mesbahi había sido desplazado en 1989 de algunas tareas menores para la inteligencia iraní, sospechoso de ser agente doble. Se dedicó a la actividad privada y realizó una serie de estafas, tras lo cual se fue a Alemania donde se radicó desde 1996.

En ese tiempo, Mesbahi acusó a Irán de cada uno de los “atentados terroristas” que no se esclarecían en el mundo –lo que siempre sucede con los atentados de falsa bandera– como el de Lockerbie, Escocia, y otros.

El “testigo C”, que ganó fama por el misterio que rodeaba su nombre, vio una nueva oportunidad acusando a Irán, con la anuencia de los servicios alemanes, estadounidenses e israelíes de la voladura de la AMIA.

Sin pruebas, contó su versión en Alemania ante un juez nacional y el juez argentino Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.

«Mesbahi declaró 5 veces bajo juramento en la causa, y en los puntos esenciales dio 5 versiones distintas y contradictorias de éstos, que no podrían servir nunca como prueba. Sólo dichos y palabras, y por supuesto, conjeturas y deducciones de inteligencia», resume el abogado Juan Gabriel Labaké en su libro AMIA-Embajada, ¿verdad o fraude?

El abogado Labaké, por cierto no oficialista, viajó a Teherán, Europa y Estados Unidos, reuniendo datos y entrevistándose con fuentes importantes, y finalmente llegó a la conclusión de que no existían pruebas contra Irán en el juicio de AMIA, ni bajo la dirección de Galeano, ni bajo la del fiscal Nisman, quien sólo recopiló y reescribió los expedientes de su predecesor, y les dio cierto orden pero siempre acusando a Irán, como ordenaron Washington y Tel Aviv.

El periodista Gerth Porter, de The Nation, escribió en una nota el 16 de mayo de 2010 que el embajador de Estados Unidos en Argentina en el momento del atentado a la AMIA, James Cheek, le dijo en una entrevista:

«Que yo sepa no hay ninguna evidencia real de la participación iraní. Nunca probaron nada.»

Lo extraño es que cuando Nisman acusa a Irán en 2006 ya se sabía que ambos testigos no eran creíbles y la justicia británica incluso había rechazado, por falta de pruebas, un pedido de extradición contra el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. El diplomático iraní estaba haciendo un curso en Londres cuando lo detuvieron en 2003 hasta que llegara el exhorto de extradición. Pero hubo que liberarlo en 2004 y pagarle una indemnización de 189 000 libras esterlinas.

También la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) devolvió un primer pedido de alerta roja por falta de pruebas, y el segundo pedido en 2013, y que esta hasta estos días, por especial pedido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, tampoco tiene aún el fundamento de las pruebas que el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman que investigara. Ahora se sabe que Nisman no había cumplido con reunir pruebas, sino solamente simples deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia ni a la verdad.

El primer juicio de la AMIA debió ser cerrado por escándalos e irregularidades graves, una de las cuales consistió en que el juez Galeano, con apoyo del entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, pagó 400 mil dólares a un reducidor de autos robados, Carlos Telledín, para que acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la provincia de Buenos Aires.

Estos últimos estuvieron 5 años detenidos y debieron ser liberados por absoluta falta de pruebas, sin vinculaciones con la causa. Así escandalosamente terminó ese juicio.

La enmarañada red de falsedades y mentiras, presiones e intereses que eran los expedientes de la causa del cruento atentado contra la mutual judía AMIA obligó a terminar con el juicio en 2004, y el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) exhortó a la justicia a avanzar, profundizando en la causa hacia la verdad.

Se creó entonces la Unidad Especial de la Causa AMIA, que quedaría por decisión de la Procuraduría en manos del fiscal Alberto Nisman, lo que sorprendió, ya que el propio Nisman también había sido parte del fracaso del juicio iniciado en julio de 1994 y cerrado 10 años después, sin haber logrado nada.

El caso Nisman

Nisman había comenzado en 1997 su camino hacia la actual Fiscalía, en Morón, provincia de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó su camino y fue la investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los participantes en el fracasado ataque al cuartel de la Tablada en enero de 1989, dirigido por el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Melo, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Ambos detenidos, después del cruento enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por última vez brutalmente torturados y llevados por militares y policías en un automóvil Ford Falcon.

Hasta ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a cargo de la investigación apoyaron la versión oficial del Ejército de que «habían muerto en combate» a pesar de las evidencias de su desaparición forzada.

En julio de 1997, el entonces procurador general Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra la mutual judía AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.

De acuerdo con Infojus Noticias de Argentina «el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien». Durante ese juicio por la llamada «conexión local», muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades que se comprobaron.

Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a quien el propio juez entregó 400 000 dólares para que acusara a funcionarios iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén Beraja, entonces presidente de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

En los fundamentos del fallo se acusó a Galeano –quien terminó destituido y procesado–, a su equipo y a los fiscales Mullen y Barbaccia, también procesados.

«En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada» en la Causa AMIA , afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, quien fue absuelto de haber participado en la adulteración de la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el atentado.

«Siempre hubo un tema parádojico: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es extraño», reflexionó García Dietze.

En 2004 Nisman, ya a cargo de Unidad Especial para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado, se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, la antigua SIDE, Antonio Stiusso, alias “Jaime”. Éste había sido desplazado de la Causa AMIA por ser parte de las irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de importancia. Ambos trabajaban con la CIA y el Mossad.

La Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero para investigar. Pero Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes, sin haber producido, en los últimos 10 años, ninguna prueba para confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12 iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados, fue devuelto por falta de pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición enviado a Londres contra el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.

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